Leandro Villalba, director de Auditoria Forense de la Contraloría, detalló que con relación al ejercicio fiscal 2022 en la petrolera estatal, se hicieron dos informes: uno de la Dirección General de Bienes Patrimoniales del Estado y otro de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada.
«Existen indicios de posibles hechos punibles pero será la Fiscalía la quien determinará si amerita la apertura de una causa penal», sostuvo, aclarando que este informe lo remitieron al Ministerio Público y al Congreso.
Como ejemplo de uno de los hechos más graves, mencionó el pago de más 299 millones de guaraníes para reparar un camión desmantelado en un taller distinto al que fue contratado. También mencionó otra observación con mucha repercusión mediática, el caso de 958 máquinas expendedoras de combustibles, cuya ubicación no se pudo determinar.
