
Este martes se dio inicio –a través de medios virtuales (lifesize)– a la Audiencia Pública de control y formulación de la Acusación Pública de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, detenida el 17 de enero de 2023 por Policía Nacional de El Salvador y, entregada el 21 de enero por el asesinato del exfiscal contra el Crimen Organizado y Antidrogas, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia.
Luego de las presentaciones de rigor y de la determinación de la competencia de la jueza actuante en Bogotá, se reconoció la calidad de las víctimas colaterales del homicidio del exfiscal Marcelo Pecci y se procedió a verificar el escrito de acusación (con sus adiciones) presentado por el fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación para la Seguridad Territorial, Mario Burgos, en contra de Margareth Chacón Zúñiga (esposa del acusado Andrés Felipe Pérez Hoyos y cuñada del acusado Ramón Emilio Pérez Hoyos) por los hechos de Homicidio Agravado y Tráfico o Portación Ilegal de Armas de Fuego.
A partir de esta audiencia pública de control del escrito de Acusación y de la formulación de la Acusación Pública, la Fiscalía General de la Nación colombiana, atribuyó de manera formal –bajo la teoría del codominio funcional del hecho, en concurso ideal heterogéneo bajo la comunicabilidad de circunstancias adicionales– la participación trascendental de Margareth Chacón Zúñiga en el planeamiento del esquema y de la actividad criminal que concluyó con el asesinato del fiscal Pecci.
El Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación colombiana, indicó de manera clara y categórica, que luego del descubrimiento probatorio pertinente, solicitará una condena ejemplar que tendrá como base, la aplicabilidad legal de más 400 meses (más de 33 años) de privación de libertad. Al tiempo de exponer sobre su anterior petición fundada de suspensión del poder dispositivo de la acusada sobre ciertos bienes, solicitó sean asegurados con fines de comiso.
La defensa técnica de Margareth Chacón Zúñiga, ejercida por el abogado Luis Felipe Henriquez del Castillo –con propósitos claramente dilatorios– pretendió articular el instituto de la nulidad en ese escenario procesal, sin exteriorizar argumentos de legalidad ni acreditar circunstancias válidas para sustentar su planteamiento, lo que fue contrastado de manera integral y con redoblado énfasis por el Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, con argumentos sólidos y amparados en la ley colombiana. En su oportunidad procesal, el Ministerio Público (quien se encarga de velar por la observancia del debido proceso penal y por los intereses de la parte acusada y de las víctimas) representado en esta audiencia por el procurador Anderson Castro Muñoz, advirtió que no existen las anomalías que exterioriza la defensa técnica y señaló que la Fiscalía ha sido, en todo tiempo, proactiva custodia y garante de las garantías legales y constitucionales de la acusada y que no se advierte en este proceso ninguna situación que pueda catalogarse como afectiva al derecho a la defensa técnica, a la defensa material ni al debido proceso legal, por lo que se pronunció también en sentido desfavorable a la nulidad pretendida por la defensa técnica. La representación de víctimas, por su parte, recomendó el rechazo de la nulidad planteada, en forma conteste con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público.
Luego de un cuarto intermedio decretado por la jueza competente, resolvió el rechazo de la nulidad planteada y la confirmación de la legalidad de las actuaciones desplegadas en esta causa.
La acusada Margareth Lizet Chacón Zúñiga, seguirá recluida en las celdas de la Fiscalía General de la Nación colombiana (Bunker) en Bogotá, con medidas cautelares de aseguramiento (prisión preventiva) a la espera de la audiencia preparatoria que fue fijada para las 09:00 horas del día 15 de junio de 2023.