Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría, fue consultado sobre la decisión de la Cámara Alta de rechazar el proyecto de ley que penaliza las declaraciones juradas falsas.
Indicó que si bien la Contraloría puede enviar al Ministerio Público los antecedentes cuando encuentre alguna omisión o declaración jurada falsa de bienes y rentas, pero eso no será delito, si se promulga esa ley.
De todos modos, sostuvo que no se quedarán con los brazos cruzados, igual seguirán controlando todo, pues pueden hallarse indicios de presunto enriquecimiento ilícito y eso si puede ser sancionado.
Lamentó que ni siquiera se haya establecido o contemplado, alguna sanción administrativa para el que miente en su declaración jurada.
