La Sala Constitucional de la Corte hizo lugar al desistimiento presentado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, acerca de la acción de inconstitucionalidad que en su momento hizo su antecesora Sandra Quiñónez para evitar que se audite el Ministerio Público.
Por tanto se levanta la medida de suspensión de los efectos de esa acción planteada el 25 de febrero del 2019 y por tanto, hay vía libre para auditar la Fiscalía General.
Por otro lado, durante la sesión plenaria de la Corte, el máximo órgano judicial aceptó las renuncias del fiscal adjunto Federico Espinoza y del juez de sentencia Elio Ovelar.
