El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, resaltó que por primera vez en 30 años de democracia la Defensoría hace uso de la facultad constitucional de voto de censura contra esos materiales plagados de errores y exige al Ministerio de Educación que sean sacados de circulación, hasta su corrección total, pues no es suficiente la fe de erratas.
Alegó que la educación es un derecho humanos fundamental y aclaró que si no se cumple lo que pide la Defensoría recurrirá a los estrados judiciales.
Lamentó que el ministro Petta haya minimizado la situación y agregó que sus aclaraciones más bien oscurecieron la situación.
