El fiscal Rodrigo Estigarribia explicó que en el marco de una denuncia que hizo la propia Contraloría por dos hechos distintos, se constituyeron en la dependencia de la Secretaría de Emergencia Nacional.
Una causa data del 2018 donde se habrían distribuido en el departamento de Itapúa insumos de emergencia como chapas, abrigos y víveres, pero presumiblemente los beneficiarios ya habían fallecido. Esto se dio tras constatar que los números de cédulas no coincidían.
La otra investigación gira en torno a la no rendición de cuentas por combustibles en el 2019. “Son denuncias concretas que hizo la Contraloría y se van a revisar varias planillas para definir qué porción de tiempo abarcará la investigación”, explicó el fiscal.
