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Instalaciones Peligrosas3 min read

25 septiembre 2021
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En estos tiempos de comunicación cada vez más vertiginosa, diversa y cambiante, no debiera sorprendernos la velocidad con la que se instalan supuestas verdades hasta convertirse en opinión mayoritaria e incluso en leyes.

La modificación del Código Penal para aumentar penas a los invasores de tierra parecía, hasta hace no mucho, una advertencia más que una posibilidad real. Una especie de arma disuasiva cuyos autores de repente vieron que pisando un poco el acelerador podía llegar a convertirla en ley, como está a punto de ocurrir.

De nada valió que especialistas de todas las procedencias expliquen una y otra vez que el aumento de penas nunca supone un descenso en la comisión de ciertos delitos. Un buen ejemplo es la famosa pena de muerte, que no ha conseguido tras largos años de vigencia en los EEUU, que retrocedan los altos índices de crímenes violentos en los Estados en los que se sigue aplicando.

Como si fuera poco, casi simultáneamente desde la Cámara de Diputados apareció otro proyecto redactado en el mismo sentido, proponiendo la supresión de las medidas alternativas a la prisión para combatir la creciente delincuencia en las áreas metropolitanas. Tampoco sirvió que la Ministra de Justicia avise reiteradamente que el sistema penitenciario está absolutamente colapsado. La idea de algunos legisladores es que al endurecer las medidas los infractores recapacitarán sobre sus lamentables conductas y dejaran de delinquir. Casi una expresión ingenua de deseos.

En los dos casos no se nota una revisión de los motivos por los que hemos arribado a ambas situaciones: la desastrosa y arbitraria distribución de la tierra desde las épocas de la dictadura, hasta la penosa actuación del Ministerio del Interior y la Policía en tareas tan básicas como la prevención del delito, la persecución efectiva del mismo y sobre todo el entrenamiento apropiado de unos efectivos a los que nunca se los ve en acción en las zonas de mayor peligro.

Mientras todo esto se discutía, veíamos la facilidad con la que un grupo de delincuentes asaltaba la sede de la Fundación Paraguaya en pleno centro de Luque, sin presencia alguna de la policía ni tan siquiera en las cercanías. Igual situación la vivió la semana pasada el Teatro Municipal, cuyo recién remozado Café fue visitado por los amigos de lo ajeno a una escasísima cuadra del Cuartel Central de la Policía Nacional.

Podrán aumentar todos los castigos imaginables, pero con una fuerza policial en la actual situación no se avizora descenso alguno de la delincuencia. Mientras tanto, miles de ocupantes de asentamientos informales que se concentran en el Departamento Central, y en otras áreas densamente pobladas del país, podrían entrar en un proceso de criminalización de impensables consecuencias.

Una vez más incurrimos en la errónea creencia de que modificando leyes se elimina el delito, cuando en verdad lo que necesitamos es entender intrínsecamente los orígenes del mismo para implementar las políticas públicas que comiencen a revertir asimetrías escandalosas y fallos insólitos. Si así no lo hiciéramos solo estaríamos metiéndole más presión a una caldera social siempre a punto de explotar.

Mario Ferreiro


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