Rolando Villar quien representa a varias víctimas en el esquema en el que operaban dueños de una playa de vehículos con magistrados en una rosca de estafa, sostuvo que ya son 345 en total las perjudicadas.
El abogado añadió que normalmente los mandamientos de embargos se tardan 6 meses en poder realizarse, mientras que ellos lo hacían en horas por teléfono.
Reveló que los propietarios de esa playa de vehículos operaban de forma quirúrgica en connivencia con magistrados, oficiales de justicia y abogados, pero no solo el juzgado de Chaco-í estaba implicado, también otros.
El profesional agregó que la rosca llego a destruir familias ya que mucha gente tuvo que vender hasta sus casas para pagar tres veces por un mismo vehículo.
Culminó diciendo que la fiscal Lourdes Bobadilla fue la única que se animó a enfrentar a este esquema, pues hasta ella recibió amenazas. “Esta gente actuaba como gánster”, aseveró.