El abogado Carl Gwynn expresó que es deber y obligación del Estado, mediante la Procuraduría, reclamar y perseguir la nulidad de las resoluciones adoptadas por la exjueza Tania Irún, destituida por el JEM, con relación a unas 310 mil hectáreas en Alto Paraguay entregadas a empresas supuestamente de maletín.
Recordó que dos ministros de la Corte, coincidieron en que se violó la ley de seguridad fronteriza con esa resolución y se puso en riesgo la soberanía nacional. Además la entonces jueza Irún, tomó esa resolución sin tener competencia pues estaba con permiso de maternidad.
Otra cuestión grave, según el abogado, es que las sociedades favorecidas con la entrega de esas 310 mil hectáreas ni siquiera están inscriptas en Paraguay no se sabe quiénes son los propietarios ni qué tipo de acciones poseen.
