La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió un comunicado con relación a las manifestaciones formuladas por el senador Salyn Buzarquis acusando «a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales».
En ese sentido, el ente energético rechaza categóricamente las expresiones señaladas precedentemente, indicando carecen de elementos objetivos que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.
“Al contrario, esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptomineria de manera ilegal”, expresa parte del texto.
Como prueba argumental, citan la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas por la ANDE ante el Ministerio Publico, procedimientos en los cuales se han incautado más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.
“En estas causas la ANDE contribuye con todos los requerimientos formulados por el Ministerio Publico para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables de la comisión del ilícito, independientemente de quienes se traten”, agrega el documento.
Así también, enfatiza que el Poder Ejecutivo, a instancia de la ANDE, ha impulsado la modificación del artículo 173′ del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que a la fecha cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, finaliza el comunicado.
