El jurista Robert Badinter, que como ministro de Justicia del presidente François Mitterrand llevó al Parlamento la ley que abolió en Francia la pena de muerte en 1981, ha muerto a los 95 años, indicó este viernes a la prensa una de sus más próximas colaboradoras.
Badinter, que estuvo a cargo de la cartera de justicia de 1981 a 1986, había ejercido de abogado durante muchos años y fue entonces, defendiendo a personas que fueron condenadas a la pena capital y ejecutadas, cuando se terminó de forjar su convicción de que había que acabar contra un castigo que consideraba inhumano pero también ineficaz.
Tras dejar el Gobierno, Mitterrand lo nombró en 1986 presidente del Consejo Constitucional, un puesto que ocupó durante nueve años y que compaginó, entre otras cosas, con la Comisión de Arbitraje para la Paz en Yugoslavia, creada en agosto de 1991 por la Comisión Europea para elaborar dictámenes jurídicos sobre la explosión de ese país.
Al terminar su mandato en el Consejo Constitucional, aunque en un primer momento barajó la posibilidad de volver a su oficio de abogado, de nuevo a instancias de Mitterrand, se presentó a las elecciones al Senado y consiguió un escaño con su grupo socialista, que mantuvo durante nueve años.
Robert Badinter había nacido en París en el seno de una familia judía procedente de Rumania. Su padre fue detenido en Lyon por la Gestapo en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el futuro abogado tenía sólo 14 años, y deportado al campo de exterminio de Sobibor, donde fue asesinado.
Perseguida la familia, con su madre y su hermano se refugió durante la parte final de la guerra en la zona de Saboya con identidades falsas. Al final de la contienda, continuó su educación con estudios de derecho que completó en Estados Unidos.
Desde 1951 y durante una treintena de años trabajó de abogado penalista en algunos casos muy mediáticos que le confrontaron en múltiples ocasiones con la pena de muerte, sobre la que escribió un libro, ‘L’Execution’ (La Ejecución), publicado en 1973.
Con ese bagaje llevó al Parlamento en septiembre de 1981 el proyecto de ley para abolir la pena capital sabiendo que la opinión pública estaba muy mayoritariamente en favor de mantenerla.
A pesar de todo, consiguió que la mayoría parlamentaria del entonces Gobierno de izquierdas, pero también una parte de la derecha, le diera su apoyo en la Asamblea Nacional, donde hubo 369 votos a favor, y sólo 113 en contra.
Con información de Infobae
