Carlos Fernández Valdovinos habló acerca del proyecto de ley que presentó Santiago Peña que contempla medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas y tiene como principal objetivo, saldar las deudas atrasadas, prioritariamente con los constructores y las proveedoras de medicamentos, que son los más golpeados. Indicó que el dinamismo en la parte de construcciones cayó demasiado, hubo notoria retracción en esa actividad.
«Lo que estuvimos viendo desde que empezamos a analizar las cuentas fiscales es de que, por más que el déficit fiscal, en los números fiscales, aparecía con un 3% del PIB, a finales del año 2022 existía una enorme cantidad de deudas atrasadas», refirió.
Señaló que durante el periodo de transición se llegó a una coincidencia en términos de reconocimiento y cuantificación, pero desafortunadamente el Gobierno anterior no cumplió con el acuerdo de que eran ellos los que iban a enviar este proyecto de ley. La estimación de la deuda total con estos dos sectores es de 600 millones de dólares y se las va a pagar. Fernández aclaró que no se trata de un nuevo endeudamiento.
“Es una pena que el gobierno anterior no tuvo la voluntad de contabilizar e incluir en las cuentas fiscales de este año y buscar los recursos para honrar esas deudas”, agregó.
Lo que se busca con este proyecto de ley es un mecanismo para honrar las deudas que ya existen, pero, cambiando de acreedor en condiciones financieras y tasas de interés más razonables. “No seremos irresponsables de tratar de emitir bonos por la totalidad de las deudas”, resaltó.
Fernández agregó que la virtud que tendrá este gobierno será hacer más, pero con los mismos recursos disponibles.
