Claudia Criscioni, reconocida magistrada del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, criticó el proyecto de ley que pretende acortar los plazos procesales ya que directamente favorece a la impunidad y explicó que es «todo lo contrario» a la intención de la Corte Suprema de Justicia.
«(La iniciativa) No es que va a favorecer a la impunidad, es la impunidad directamente», expresó.
Indicó que esta iniciativa del Diputado Derlis Rodríguez (ANR) va directamente de contramano a lo que busca la Corte con la presentación del proyecto de «Ley Antichicanas», aún no tratado por el Congreso y que busca suspender los plazos de la prescripción y la extinción ante recursos dilatorios.
Así también, señaló que la equivocación está en pretender establecer plazos de investigación de antemano, ya que la iniciativa busca establecer un plazo de 30 días para que una denuncia sea objeto de una solicitud de desestimación si no es tratada por un fiscal.
Además, sostuvo que es un problema creer que ante la sola presentación de la denuncia corresponde una imputación fiscal, cuando en realidad deben existir elementos de sospecha para plantear dicho requerimiento.
A inicios de esta semana varios estamentos participaron de la audiencia pública organizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados con el objeto de analizar el proyecto «Que modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 – Código Procesal Penal».
Esta propuesta legislativa plantea reducir a 3 años el plazo máximo de duración de los procesos penales de penal publica, y a 1 año y 6 meses los procesos de acción penal privada. También plantea modificaciones en el cómputo de las suspensiones de este plazo, y la posibilidad de acudir directamente al juez cuando el Ministerio Público no imputa o desestima el caso a los 30 días de haber recibido la denuncia.
