Tras días de analizar la implementación de la medida, el Gobierno de Salta dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.
Conforme a la Ley Nacional 25871 de Migraciones, existen cuatro categorías de residentes en las que se agrupan los extranjeros: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En este caso, tras la publicación del DNU 129, los residentes transitorios y precarios deberán contribuir y solventar los gastos que generen sus atenciones en los centros de salud provinciales, sin importar si lo hacen por sí mismos o a través de un seguro de salud.
“El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”, precisó el gobierno salteño a través de su sitio web.
Según la explicación que brindaron los voceros del gobierno de Gustavo Sáenz a Télam, “la medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. Sin embargo, resaltaron que no están en discusión los casos urgentes en los que la salud “no podrá ser negada, ni restringida” ya que se trata de “una cuestión humanitaria”.
Desde el Ejecutivo provincial, fundamentaron su decisión en los altos niveles de inflación que afecta a todo el país y que encarece el precio de los insumos sanitarios, así como también en el recorte de las transferencias nacionales y una disminución en su recaudación. Por esto mismo, el Gobierno de Sáenz consideró necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta, tal como precisaron a través de un comunicado publicado en el sitio web de la Provincia.
Con información de Infobae
