En una decisión casi precedentes que podría definir el futuro político de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Colorado decidió este martes que no permitirá a Donald Trump presentarse a las primarias presidenciales de ese Estado del Oeste del país.
El fallo da por buena la teoría jurídica que considera que la participación del entonces presidente republicano en los hechos que condujeron al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 son suficientes para descalificarlo como candidato.
La decisión admite recurso, y en última instancia el caso puede acabar en manos del Supremo de Washington, que cuenta con una supermayoría conservadora inédita desde los años treinta. Tres de sus magistrados fueron nombrados en la única legislatura de Trump.
La Constitución no prohíbe ser presidente a un investigado por un delito federal; tampoco aspirar a ello, aunque, como es el caso, se enfrente a 94 cargos en cuatro causas distintas, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio, por delitos electorales y por su manejo de papeles clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago. Ni siquiera existe esa salvedad en el texto fundamental si este acaba en la cárcel.
Pero la decimocuarta enmienda sí aporta una excepción en su sección tercera, conocida como la “cláusula de descalificación”, que dice: “Ninguna persona podrá ser […] presidente […] si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”. El texto también advierte que el Congreso puede levantar ese veto si reúne una mayoría de dos tercios.
Una jueza de un circuito inferior dictaminó el mes pasado en Denver que el artículo no se aplicaba. Su decisión sí concluye que “Trump participó en una insurrección el 6 de enero de 2021, que él mismo incitó”. Tampoco escatimaba en su reprimenda, al decir que sabía que “[Su] retórica incendiaria [de aquel día], viniendo de un orador que habitualmente abrazaba la violencia política y que había inflamado la ira de sus partidarios antes de la certificación [del triunfo legítimo de Biden], probablemente incitaría a la anarquía y el desorden inminentes”.
La cláusula tercera habla de senadores y congresistas, pero no alude específicamente al cargo de presidente, opinó en su argumentación Wallace. “Tras considerar los argumentos de ambas partes, este tribunal está convencido de que, por lo que sea, los redactores de ese texto no quisieron incluir a quien hubiera prestado juramento presidencial”, escribió en su argumentación.
Con información de El País
